Ponencia: Vieques y la desobediencia civil en la historia colonial de Puerto Rico: 1899 - 2003 PDF Imprimir E-mail


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Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos

6to. Coloquio Académico

Movimientos Sociales, Crisis de Legitimidad y [Des]obediencia al derecho

16 de Abril 2008

Mayagüez

Vieques y la desobediencia civil en la historia colonial de Puerto Rico: 1899 - 2003.

Dr. José (Ché) Paralitici

 

            En Puerto Rico el concepto desobediencia civil era uno no conocido ni utilizado popularmente. Este concepto de lucha era más bien conocido por activistas pacifistas y antimilitares y, especialmente por el independentismo. Inclusive, el independentismo lo utilizó como método de lucha pero no lo calificaba como una desobediencia civil sino, más bien, como una confrontación a la imposición de las leyes de Estados Unidos a Puerto Rico.

            Con la lucha por la salida de la Armada estadounidense de la isla de Vieques en su etapa más reciente, la desobediencia civil fue verdaderamente popularizada en todos los sentidos; tanto en la utilización de la misma como táctica de lucha como en la aceptación y el reconocimiento por todo el pueblo. Creo que no había nadie en Puerto Rico que luego del 4 de mayo del 2000 no supiese que uno de los métodos de lucha de mayor eficiencia y presión para lograr la salida de la Marina de Estados Unidos de Vieques era la desobediencia civil. Esta fue la fecha en que 284 desobedientes civiles fueron desalojados y arrestados en los campamentos establecidos en la zona restringida por la Marina estadounidense. Fueron unos 17 campamentos de desobediencia civil que se asentaron en la parte este de la isla, en la que la Marina llevaba  a cabo su mayor parte de ejercicios y operaciones militares.

            Desde el mismo 19 de abril de 1999 (se conmemora un aniversario más el próximo sábado) cuando murió el guardia viequense David Sanes se comenzó en Vieques una nueva etapa de desobediencia civil que duró hasta el mismo 1 de mayo de 2003 cuando se celebraba la salida oficial de la Marina de la isla de Vieques. Fueron cuatro años de intensas actividades en Vieques, en todo Puerto Rico, en muchas ciudades en Estados Unidos y hasta en otras ciudades de algunos países del mundo.

            En Puerto Rico fueron arrestadas unas 1,700 personas y de éstas la mitad aproximadamente fue sentenciada a prisión. Hubo sentencias desde el tiempo cumplido por las horas en que se estuvo bajo detención, hasta varias horas y seis meses de prisión. En Estados Unidos, específicamente en las ciudades de Nueva York, San Francisco, Washigton, DC, New Jersey y Hartford se llevaron a cabo actos de desobediencia civil con el resultado de 266 arrestos. En Estados Unidos, contrario a Puerto Rico, los arrestados a las pocas horas de detención fueron dejados en libertad y ninguno fue sentenciado a prisión. En Estados Unidos hubo 15 actos de desobediencia civil, desde el primeoa que fue en diciembre de 1999 hasta el último que fue el 23 de septiembre de 2002, ambos en Nueva York. En Puerto Rico hubo 53 acciones al llevarse a cabo entradas sin autorización a los terrenos restringidos por la Marina estadounidense en Vieques. Hubo dos acciones más en la llamada Isla Grande cuando en fechas separadas dos grupos distintos tomaron simbólicamente los castillos del Morro y San Cristóbal en San Juan.[1] Con la toma del Morro de la cual participó e ideó en un principio el destacado arqueólogo doctor Ricardo Alegría no hubo arrestos. No así con la toma del San Cristóbal la noche del 29 de septiembre de 2000 cuando 10 personas fueron arrestadas.

            La desobediencia civil en esta etapa de la lucha de Vieques fue llevada a cabo por grupos y personas representando sectores muy diversos de la sociedad. Sin embargo, también sectores homogéneos como, por ejemplo, médicos, estudiantes, artistas y mujeres, entre otros tantos más decidieron convocarse para ser parte de las acciones de desobediencia civil a favor de Vieques. La mayoría eran residentes en Puerto Rico pero también participaron residentes en Estados Unidos, puertorriqueños y estadounidenses, entre otros. Vale la pena recordar los casos de los políticos de Nueva York conocidos allá como los ¨Cuatro de Vieques¨. Estos fueron el líder negro y ex precandidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata Al Sharpton, el asambleísta José Rivera, el presidente del Condado del Bronx Adolfo Carrión y el asesor político Roberto Ramírez. Sharpton estuvo preso por 90 días[2], los otros tres por espacio de 40 días, primeramente en Puerto Rico y luego en Nueva York. Otras reconocidas figuras puertorriqueñas, estadounidenses y latinoamericanas residentes en Estados Unidos que estuvieron presas fueron Robert Kennedy, el consejal por Nueva York Adam Clayton, hijo, el líder sindical Dennis Rivera, la reconocida líder negra Jackeline Jackson, el congresista Luis Gutierrez[3] y el actor Edwards James Olmo, entre otras.

            La organización de la cual yo era portavoz, la Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques, se trazó como estrategia llevar a cabo a la vez su accionar de lucha en cuatro campos o cuatro pilares diferentes: educar y buscar la unidad del pueblo puertorriqueño, la desobediencia civil, la acción y la búsqueda de apoyo en Estados Unidos y la solidaridad internacional. Con relación a la desobediencia civil se buscó la manera de que se entendiera que el sacrificio de ser arrestado y encarcelado fuese visto como una presión a Estados Unidos de manera que se lograra influir directamente a la Casa Blanca. Tan temprano como a principios de agosto de 1999, a tan solo tres meses de la muerte de David Sanes, ya estábamos reunidos con cuatro altos funcionarios de Casa Blanca en la propia estructura presidencial estadounidense. En la reunión que sostuvimos con estos cuatro funcionarios del gobierno del entonces presidente Bill Clinton fuimos muy enfáticos sobre la posición en Puerto Rico con relación a la desobediencia civil. A estos funcionarios se les dijo claramente que la desobediencia civil iniciada ya iba a continuar y que estaba tomando mayor fuerza y, sobre todo, amplitud. A esta reunión nos acompañaron algunos de los precandidatos a la Comisaría Residente en Washington. Ya el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez había estado preso. Nuestra táctica era, por lo menos, intentar que los otros presidentes de los dos partidos mayoritarios, el Popular Democrático (PPD) y el Nuevo Progresista (PNP) estuviesen dispuestos a hacer desobediencia civil a favor de la causa viequense. No se logró este trascendental objetivo pero sí el apoyo directo o indirecto de ellos a la desobediencia civil.

            En todo el andamiaje y desarrollo de la desobediencia civil fue muy importante el compromiso del PIP y de otras organizaciones independentistas. Tanto el PIP, como el Congreso Nacional Hostosiano, el Frente Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, entre otras organizaciones independentistas, establecieron campamentos de desobediencia civil en la zona este de Vieques, como también luego del 4 de mayo de 2000 organizaron brigadas de entrada y colaboraron directamente con organizaciones viequenses y otras en todo tipo de coordinación para apoyar las entradas a la zona restringida. El PIP, por ejemplo, según sus datos, tuvo unos 150 miembros en la cárcel. Los miembros del PIP no reconocían la jurisdicción del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico por lo cual el mismo día del arresto eran encarcelados hasta que se viera el juicio. Muchos de sus casos tardaron semanas en verse, por lo cual, hubo personas que estuvieron en prisión hasta por casi dos meses.

Por otra parte, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista no actuaron de la misma manera que el PIP, sin embargo, hubo un fuerte apoyo del Partido Popular Democrático y un apoyo más sutil y menos comprometido del Partido Nuevo Progresista o, más bien,  de alguno de sus miembros o líderes. No olvidemos la famosa frase de Pedro Rosselló, presidente del PNP y gobernador de Puerto Rico, ante el Congreso de Estados Unidos,  cuando en unas vistas les dijo a los congresistas: ¨Don´t push it¨. Esta frase fue una clara advertencia de que el sector anexionista también podría adherirse a la desobediencia como una acción de presión al gobierno estadounidense. Por su parte, el PPD llegó a evaluar muy seriamente establecer un campamento de desobediencia civil en los terrenos restringidos. La presidenta del PPD, Sila Calderón nombró un comité para que analizara y llevara a cabo las tareas. Este comité, recuerdo, estaba compuesto y dirigido por Héctor Luis Acevedo, Luis Meléndez Cano, Ferdinand Mercado, Mercedes Otero y alguien más que no recuerdo. Esta decisión de la presidencia del PPD fue una tomada de manera confidencial. Ya antes me había reunido, también confidencialmente, con la señora Calderón para hablar con detalles sobre el significado de la desobediencia civil. Más tarde el partido delegó en el alcalde de Carolina, José Aponte de la Torre todo lo concerniente a este tipo de lucha. Muchos aquí deben recordar el verdadero compromiso y cumplimiento que llevó a cabo el fallecido alcalde. Su municipio se convirtió en una de las vanguardias del apoyo a la lucha viequense y a la desobediencia civil. Luego, tanto el alcalde como empleados de la alcaldía de Carolina y miembros del partido de ese pueblo también estuvieron presos por violar la ley al entrar sin autorización a la zona restringida por la Marina de Estados Unidos.

            La Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques desde tan temprano como octubre de 1999 comenzó a celebrar talleres públicos sobre cómo llevar a cabo la desobediencia civil. Este hecho hay que verlo en su clara perspectiva histórica y política. Con estos seminarios y talleres se convocaba a la gente a que supiera como ejecutar una violación a la ley federal en Puerto Rico. Claro está, dentro del taller se les hacía claro a los participantes lo que significaba violar la ley y las consecuencias que acarrarían al violarla. También, de manera muy enfática se advertía que toda acción de desobediencia civil tenía que ser extremadamente pacífica. El objetivo principal de las acciones de desobediencia civil en Vieques era interrumpir de alguna manera las maniobras y ejercicios militares de la Marina de Estados Unidos. Por lo cual, se les preparaba también para que entendieran la filosofía y el necesario estoicismo y disciplina que había que seguir como parte de la acción de desobediencia a la ley. Los talleres continuaron celebrándose hasta el 2003. Luego otras organizaciones se unieron para llevarlos a cabo conjuntamente con la Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques: el Colegio de Abogados, el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques, el Congreso Nacional Hostosiano, el Proyecto Caribeño de Justicia y Paz y la organización Derecho Pa´ Vieques.[4] Debo mencionar también que en el municipio de Carolina celebramos uno de los primeros talleres en 1999.

            Estos talleres incluyeron una parte histórica que le presentaba a los receptores cómo la desobediencia civil había sido efectiva en otras partes del mundo. Los casos más citados eran los de las luchas de los negros en Estados Unidos que incluían a Rosa Parks y Martin Luther King, entre otros. También el famoso caso a finales del siglo 19 del estadounidense Henry David Thoreau. Asimismo, las luchas dirigidas por Mahatma Gandhi en la India, entre otras más. Eran unos talleres de educación filosófica, política, histórica y legal. Era importante para nosotros discutir la desobediencia civil en Estados Unidos. Con este hecho se daba a conocer y se analizaba que en el propio Estados Unidos hubo presión y acciones políticas y sociales por medio de acciones de desobediencia civil.

            Se les enfatizaba a quienes iban a llevar a cabo la desobediencia civil que estarían incurriendo en un acto ilegal y que dichos actos conllevarían arrestos, represión, castigos y cárcel. En el aspecto legal se les informaba sobre todo tipo de ley federal que podía ser aplicada y las consecuencias al ser las mismas violadas. Por ejemplo, se les explicaba a los participantes de los talleres lo que conllevaba ser acusado por entrar ilegalmente a los terrenos controlados por la Marina de Estados Unidos; por ofrecer resistencia al arresto; por la destrucción de propiedad federal; de llevar algún tipo de arma; y hasta por posibles cargos de conspiración.[5] Además, se les informaba sobre otras consecuencias que podrían recaer sobre alguien que violara la ley estando bajo sentencia suspendida o probatoria. Asimismo, de haber algún inmigrante no ciudadano de Estados Unidos o cualquier otro extranjero, se le advertía sobre las posibles consecuencias que tendrían con las leyes de inmigración.[6]

            En estos talleres se incluían qué hacer durante el arresto, los derechos del arrestado, sobre los procesos judiciales y sobre la situación en la prisión, entre otros puntos. Quienes dirigían los talleres además ponían al tanto al futuro desobediente civil de muchos aspectos prácticos necesarios para la entrada a los terrenos restringidos. En la lucha de Vieques hubo dos tipos de entradas. Unas fueron denominadas cortas y otras largas. Las primeras fueron aquellas que sólo se traspasaba la verja y se esperaba por el arresto. Las entradas largas fueron las que se penetraba lo más profundo de los terrenos con la idea de interrumpir los ejercicios militares. La Marina no llevaba a cabo ejercicios si tenía el conocimiento de que dentro de los terrenos restringidos había alguna persona. Para este tipo de entrada se tenía que estar más preparado. Hubo casos de personas que estuvieron por varios días dentro de los terrenos restringidos.[7]

            Las acciones de desobediencia civil iniciadas en 1999 no fueron las  únicas llevadas a cabo en Vieques como medida de protesta y presión para que la Marina de Estados Unidos saliera de la isla. Los viequenses protestaron a su manera desde la misma década de 1940, cuando se estableció la Marina en sus tierras. Sin embargo, fue en 1979 cuando un grupo de independentistas, religiosos y viequenses decidieron retar, interrumpir las maniobras militares y desobedecer las leyes federales. Fueron varias las acciones tomadas en diferentes fechas hasta que el 19 de mayo de 1979 veintitrés personas fueron arrestadas. Se le radicaron cargos a 21 porque dos de los detenidos eran periodistas. De los arrestados 13 fueron sentenciados a diferentes prisiones bajo jurisdicción de Estados Unidos fuera de Puerto Rico con términos hasta de seis meses. Para entonces no estaba construida la penitenciaría federal de Guaynabo. Amerita recordarse, por lo menos, los casos del monseñor Antulio Parrilla Bonilla y del maestro de Ciales Ángel Rodríguez Cristóbal. Al primero se le tuvo que llevar bajo arresto al tribunal federal con una orden de desacato por haber hecho caso omiso a las citaciones del tribunal. El religioso no había reconocido la jurisdicción federal en Puerto Rico y el juez Juan Torruellas le había impuesto una sentencia de un año en probatoria. Luego fue citado en varias ocasiones y al no asistir al tribunal fue arrestado en su hogar y llevado al tribunal para advertirle las consecuencias de estar violando las disposiciones de la probatoria. Monseñor Parrilla Bonilla le respondió al juez Torruellas, hoy miembro del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, que continuaría incitando a la gente a que entrara a la zona restringida y que él mismo también lo haría; y que además, no aceptaba ninguna de las condiciones de la probatoria y que tampoco pagaría la multa impuesta. Parrilla Bonilla no fue encarcelado. El caso de Rodríguez Cristóbal fue uno trágico. Apareció muerto en la prisión de Tallahasseee. Tanto su familia como el patriota Juan Antonio Corretjer, el presidente de la Liga Socialista a la cual pertenecía Rodríguez Cristóbal, afirmaron que fue un asesinato dentro de la prisión.

            En 1980 el líder pescador viequenses Carlos Zenón y el abogado Pedro Saadé fueron arrestados y sentenciados a prisión por interrumpir las maniobras navales de la Marina de Estados Unidos como un acto de desobediencia civil. Se les acusó de traspaso ilegal a aguas restringidas. Fueron sentenciados a seis meses de cárcel a cumplirlos en Kentucky. Apelaron el caso y luego de un acuerdo salieron al mes de la prisión. El acuerdo fue que se les conmutaba la pena al tiempo cumplido si ellos retiraban la apelación.[8]

            Las aguas del Caribe comenzaron a ser utilizadas por la Marina de Estados Unidos para sus maniobras desde muy temprano en el 1900. La zona que más se utilizaba desde entonces era la de la isla de Culebra, al norte de Vieques. Los culebrenses también decidieron luchar por sacar la Marina de sus aguas y tierras y para ello contaron también con el movimiento independentista y el de los sectores religiosos y pacifistas. En Culebra se había organizado una agrupación con el nombre de Comité Pro Rescate de Culebra. Las acciones de desobediencia civil comenzaron en enero de 1971 cuando un grupo de jóvenes y miembros del PIP se trasladaron a Culebra con materiales para construir una capilla en los terrenos utilizados por la Marina para sus ejercicios militares. Con órdenes de desalojo emitidas por un juez federal en las semanas subsiguientes fueron arrestadas más de 20 personas. De este total 14 fueron sentenciados a prisión con condenas de hasta tres meses. Contrario al caso de Vieques de 1979 los sentenciados del caso de Culebra fueron enviados a la prisión en Puerto Rico. Entre los encarcelados estuvo el presidente del PIP, Rubén Berríos Martínez, cinco culebrenses y dos religiosos residentes en la Isla Grande.[9]

            Los otros casos históricos en que el mecanismo de lucha fue la desobediencia civil fueron directamente vinculados a la imposición del servicio militar obligatorio en Puerto Rico, tanto para las dos primeras guerras mundiales como también para la época de la guerra fría con las guerras en Corea y Viet Nam. Estados Unidos le impuso a los puertorriqueños la ley del servicio militar obligatorio, la ley del 18 de mayo de 1917, a las pocas semanas de haberle impuesto a Puerto Rico la ley Jones del 2 de marzo de ese mismo año. Como todos ustedes saben la ley Jones nos impuso a los puertorriqueños la ciudadanía de Estados Unidos. La ley del servicio militar obligatorio sólo aplicaba a los ciudadanos de Estados Unidos. Para 1917 la voz más enérgica contra ambas leyes fue la del periodista Vicente Balbás Capó. Fue casi una voz solitaria en el liderato del independentismo nacional. Balbás Capó exigía que no se le aplicara la ley del servicio militar obligatorio a los que por disposición legal tenían la opción de renunciar la ciudadanía de Estados Unidos impuesta con la Ley Jones y mantener la puertorriqueña otorgada por la Ley Foraker de 1900. Luchó de manera enérgica a través de su periódico El Heraldo de las Antillas y fue acusado por violar la sección 3 de la ley del Sistema del Servicio Selectivo. Esa sección se conocía como la de espionaje que también incluía la prohibición del uso del correo para promover la oposición al servicio militar obligatorio y las expresiones en contra del gobierno con relación a la ley. Oponerse a la ciudadanía estaba dentro del marco legal, pero no así oponerse al servicio militar obligatorio.

            Balbás Capó fue encontrado culpable de cuatro de los cargos en su contra por haber utilizado el correo para enviar su periódico en que promovía la violación a la ley del Sistema del Servicio Selectivo de Estados Unidos. Fue sentenciado a ocho años de prisión a ser cumplidos en Atlanta. Sus abogados apelaron al Primer Circuito de Boston y en 1919 fue declarado no culpable.

            Para ese período más de cinco mil personas fueron declaradas delincuentes por violar la ley del servicio militar obligatorio. Sin embargo, de este número unas 330 personas fueron arrestadas y de éstas 228 fueron sentenciadas a cárcel. Para entonces el las sentencias no fueron más de 30 días a excepción de tres casos. Uno de ellos fue el del líder obrero Florencio Romero de Caguas a quien se le acusó de incitar a violar la ley por medio de varios discursos. Fue declarado culpable y sentenciado a prisión en Atlanta. Cumplió un año. Los otros casos fueron de dos alemanes acusados de espionaje.

            Como ustedes podrán concluir se instó a desobedecer la ley para que los jóvenes no se inscribieran en el Servicio Selectivo, o no se presentaran al examen físico o al llamado del reclutamiento.

            La ley sólo se ponía en vigencia para el período de guerra. Es entonces para el 1940 cuando Estados Unidos vuelve a imponer otra ley del servicio militar obligatorio. Fue la  ley del 16 de septiembre de 1940. En esta ocasión la oposición fue mucha más enérgica y pública y dirigida por una organización política, contrario a como fue para la Primera Guerra Mundial en Puerto Rico. Fue el Partido Nacionalista quien lideró toda la oposición. Los acusados de violar la ley lo fueron por no inscripción, por no presentarse al examen físico, por no presentarse al reclutamiento, por no portar la tarjeta del Servicio Selectivo y por incitación a violar la ley. Sobre este último aspecto un caso que llama mucho la atención es el de Ramón Media Ramírez, uno de los presidentes interinos del Partido Nacionalista durante la década de 1940. Medina Ramírez fue condenado a prisión por incitación a violar la ley. Conjuntamente cuatro hijos suyos también fueron sentenciados a prisión. Uno de sus hijos durante el proceso de juicio tuvo un accidente automovilístico en el que perdió la vista y aún así fue sentenciado a la cárcel. Todos, con excepción de uno que otro caso, cumplieron prisión en la entonces recién inaugurada cárcel de Tallahassee. En total fueron 80 nacionalistas presos, con sentencias mayores de un año de prisión.

            Luego de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos dispuso establecer el servicio militar obligatorio permanente, ley que estuvo vigente hasta 1975, luego de finalizada la guerra de Viet Nam. Desde 1980 es obligatorio sólo el registro militar para jóvenes de 18 a 25 años de edad. Del período de 1948 a 1950 otros seis jóvenes nacionalistas fueron a prisión, entre ellos el conocido Rafael Cancel Miranda y en 1952 el joven Gabriel Parrilla Fontanez quien resistió con armas su arresto y fue sentenciado a ocho años de cárcel.[10]

            Durante la época de la guerra de Viet Nam fueron miles los que se opusieron al servicio militar obligatorio. Al igual que en las épocas anteriores fue el independentismo quien llevó la principal oposición y la desobediencia a la ley. Sin embargo, contrario a la historia anterior, sólo una persona fue declarada culpable, el hoy abogado Edwin Feliciano Grafals. Fue primeramente sentenciado a un año de cárcel y luego en apelación el puertorriqueño juez lo sentenció a una hora de retención en el mismo tribunal federal.

            Las organizaciones independentistas y el Comité Alvelo dirigido éste por la profesora Piri Fernández, como también grupos religiosos y el Instituto Legal, dirigido por el licenciado Roberto José Maldonado, fueron las principales organizaciones que estuvieron a la vanguardia de la desobediencia civil y la defensa legal de los jóvenes acusados. El Comité Alvelo fue organizado luego de que Sixto Alvelo, hoy un líder sindical en Puerto Rico, fuese el primer acusado de violar la ley del servicio militar obligatorio.[11]

            Durante el período de la guerra de Viet Nam, principalmente en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, hubo muchos actos de desobediencia civil, reto y confrontación a la ley del servicio militar obligatorio y a la presencia de programas militares en las universidades. La oposición ha continuado a lo largo de los años. No obstante, es imperativo recordar que fue aquí en Mayagüez, en el Recinto Universitario de Mayagüez, en donde se ha dado uno de los últimos casos de desobediencia civil cuando un grupo de jóvenes tomó en el 2003 una estructura en construcción para el programa del ROTC. Aunque no se desobedecía una ley federal sí se tomó una estructura en la cual se iba a establecer un programa federal con el riesgo de ser suspendidos de la institución académica. [12]

            No debo culminar sin dejarles de exponer que unos cinco periodistas puertorriqueños fueron sentenciados a prisión en los primeros años de la ocupación de Estados Unidos a Puerto Rico por el sólo hecho de no limitarse a escribir para criticar la situación política en el país. Se les aplicó la ley del uso del correo federal para combatir el gobierno establecido. Los periodistas de mayor renombre que fueron sentenciados a prisión fueron Evaristo Izcoa Díaz, Manuel Guzmán Rodríguez y Julio Medina González.[13]

             

 



[1] Todo Puerto Rico con Vieques; Informe sobre la desobediencia civil, San Juan, 2003.

[2] A Sharpton se le consideró reincidente porque anteriormente había hecho desobediencia civil en Nueva York en unas acciones en reclamo de derechos civiles para los negros.

[3] La congresista Nydia Velásquez fue arrestada durante el desalojo del 4 de mayo de 2000 y el congresista José Serrano fue arrestado en Washigton, DC luego de llevar a cabo una protesta solitaria en una zona prohibida frente a Casa Blanca luego del 4 de mayo de 2000.

[4] Manual: Talleres Prácticos de Desobediencia Civil en Vieques.

[5] Ibid.; pp. 5-8.

[6] Ibid.; p. 8.

[7] Ibid.; pp. 8-17.

[8] Ché Paralitici; Sentencia impuesta: 100 años de encarcelamientos por la independencia de Puerto Rico, Puerto, San Juan, 2004, pp. 299-308 y 314-316.

[9] Ibid.; pp. 254 y 255.

[10] Para mayores datos sobre el caso y la biografía de Vicente Balbás Capó y el servicio militar obligatorio en Puerto Rico véase de Ché Paralitici: No quiero mi cuerpo pa´tambor – el servicio militar obligatorio en Puerto Rico,  Puerto, San Juan, 1998 y 2007.

[11] El autor tiene en preparación una obra sobre la oposición al servicio militar obligatorio en Puerto Rico durante la Guerra Fría. Algunos de los datos de esta ponencia fueron tomados de dicha obra.

[12] Para detalles de este caso y de la oposición histórica al ROTC en Puerto Rico, véase: Universitarios por la Desmilitarización; Universidad y (Anti) Militarismo: historia, luchas y debates, San Juan, 2005.

[13] Paralitici; Sentencia impuesta, Op.Cit., pp. 31-48.