Ponencia: Movimientos Sociales en Bolivia PDF Imprimir E-mail


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Quinto Coloquio

 


Movimientos Sociales en Bolivia: Desde la Ilegalidad Hacia la Construcción de un Nuevo Estado Plurinacional y comunitario

 

Shirley Vanessa Castedo Vaca

 

Puerto Rico, Mayaguez 14 de abril de 2008

 

Introducción

Este trabajo está enfocado al análisis del accionar de los movimientos sociales en las últimas dos décadas en Bolivia, enfatizando en las acciones colectivas de organizaciones sociales en los años 2000, 2003 y 2004. El interés en estos años es el de mostrar los mayores índices de ingobernabilidad y desobediencia civil de los grupos sociales por la demanda de procesos equitativos y participativos enfocados a demandas de tierra, agua y gas. Las acciones sociales en estos años fueron claves para el actual cambio social que esta viviendo Bolivia desde 2006 hasta la fecha, con la toma de poder del presidente Evo Morales Aima, que representa a las masas sociales excluidas en la historia de Bolivia, a través del Partido Político, Movimiento al Socialismo (MAS).

La primera parte del documento hará una breve presentación de la situación actual de Bolivia, desde la perspectiva social, política y económica, de manera que se pueda analizar la problemática actual en el marco de las distintas acciones de los sectores sociales.

En la segunda parte, se analizarán las acciones colectivas de desobediencia al derecho que ocasionaron en el primer caso la guerra del agua en el 2000 que exigió la salida de la empresa extranjera Inglesa, que había privatizado el servicio de agua en Cochabamba; luego la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada durante la denominada Guerra del Gas en el 2003 y finalmente el mayor índice de ilegalidad con la toma de tierras a cargo del Movimiento Sin Tierra en el 2004 durante la presidencia de Carlos de Mesa Guisbert.

Finalmente, se presentará la situación actual con la propuesta del Gobierno de Evo Morales en el 2007 hacia el cambio social sobre la base de la construcción de una nueva Bolivia. La intención es mostrar cómo esta propuesta ha causado una situación de división social y que en el marco de esta polarización se continúan movilizando los actores desde la ilegalidad, cuestión que se ha dado en Bolivia en las últimas décadas con los gobiernos de derecha y se sigue dando con el actual gobierno.

Contexto de Bolivia

Para poder abordar este análisis es necesario contar con datos relevantes de la población boliviana, desde lo social, político y económico. En este sentido, se tomó como base los datos brindados en el «Proyecto de transformación de la educación secundaria», del Ministerio de Educación estudio realizado para el Banco Mundial con proyección desde el 2006 al 2009 (Ministerio de Educación, 2006).

El documento informa que Bolivia tiene una población cercana a los 9 millones de habitantes y una tasa de crecimiento demográfico del 2.74%. Varios departamentos y ciudades como El Alto (La Paz) presentan tasas mayores hasta de 5.10%. Un 45.08% de la población corresponde al grupo de edad de 0 a 17 años (Ministerio de Educación, 2006).

El indicador de pobreza (NBI) señala que un 58.6% de la población es pobre, tasa que se eleva al 90% en áreas rurales. Bolivia es uno de los países con mayor inequidad y ésta afecta principalmente a la población rural e indígena y femenina. El analfabetismo en Bolivia afecta al 13.3% de la población adulta; la población joven se encuentra en mejor situación pues alcanza sólo al 5.4% (Ministerio de Educación, 2006).

En Bolivia existen aproximadamente 35 pueblos indígenas que en conjunto están presentes en los nueve departamentos de Bolivia., siendo el 66.2% de la población según el Censo del 2001. Los más numerosos son el aymará y el quechua, presentes en los departamentos de Santa Cruz en su mayor porcentaje, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca y en menor medida en otros departamentos. La región con mayor diversidad étnica es la de tierras bajas, en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando y en el norte de La Paz, donde viven 27 pueblos indígenas, siendo el guaraní numéricamente el más importante (Ministerio de Educación, 2006).

Por otro lado, el sector productivo de Bolivia está conformado por pocas unidades empresariales o industriales grandes de bajo valor agregado y poca generación de empleo, con una clara diferenciación por regiones; muchas y cada vez más unidades medianas y sobre todo micro-empresariales se encuentran ubicadas en las ciudades principales. Las empresas grandes generan el 7% del empleo y el 65% del PIB, mientras las medianas y pequeñas generan el 83% del empleo y el 10% del PIB (Ministerio de Educación, 2006).

En este contexto, a partir de 1999 Bolivia soporta los efectos de la crisis económica regional, agravados por una grave crisis política y social que gira en torno a demandas sociales múltiples. Vale la pena mencionar que Bolivia, al mismo tiempo, desde hace 20 años mantiene un buen comportamiento macro-económico, en el que la estabilidad monetaria ha sido preservada, gracias a los «ajustes económicos» impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la persistencia de la pobreza y las desigualdades han generado un cuestionamiento a las reformas estructurales diseñadas a partir de 1994 como fueron la capitalización de las empresas estatales y la privatización de empresas de servicios públicos, cuestionamiento que ha debilitado la institucionalidad y la credibilidad en el sistema político.

En este sentido, las demandas a partir de los cambios estructurales en todo el país han sido acompañadas de un proceso de movilización por el descontento global de la población, la reubicación de los pueblos indígenas y campesinos, el empoderamiento que las organizaciones no gubernamentales (ONG) comienzan a promover en los espacios locales y sobre todo la búsqueda de mejorar la forma de vida de la población son bases para que se dé una nuevo proceso de cambio en Bolivia. Un proceso que busca reestablecer los espacios democráticos legales y legítimos ante la sociedad en general, no solo por una élite política.

Entonces, grupos sociales se movilizan por la satisfacción de las necesidades básicas, agua, tierra y producción. Pero sobre todo se movilizan por su reconocimiento y por la dignidad ante un Estado centralista y elitista, estos sectores los lidera el actual presidente Evo Morales que su liderazgo se creo en el marco de las movilizaciones como actor político y es a través de las movilizaciones que promovió en busca de cambios sociales, que alcanzó el poder democráticamente en el 2005. Por tanto, este gobierno de movimientos sociales como dice Álvaro García Linera (Carlsen, 2007), «Evo promovió los cambios desde sus movilizaciones y ahora es el momento de trabajarlos desde el Gobierno».[1]

Movilizaciones sociales en Bolivia en las últimas dos décadas

Tomando en cuenta el acercamiento teórico de Ana Homet Alonso, podemos dar un referente del concepto de movimientos sociales que se adapte a la situación que ha vivido Bolivia en las últimas dos décadas, Entonces podemos decir que en Bolivia se percibe al movimiento social como:

Un movimiento que abarca una pluralidad heterogénea de individuos, grupos y organizaciones que sin perder su identidad y características propias se articulan en una estructura de redes. Esto les permite crear una serie de condiciones que hacen más sencillas la movilización y la obtención de los objetivos e intereses comunes (Homet, 2004: 737).

En el marco de este concepto , el acercamiento en Bolivia de los movimientos, sociales es principalmente por que estas acciones han sido las bases para las movilizaciones que se dieron entre 1990 hasta la posesión del actual presidente Evo Morales que representa al partido Movimiento al Socialismo (MAS).

Inicialmente es importante hacer notar la relevancia de los movimientos sociales se inicia desde la Revolución Nacional de 1952 liderada por el presidente Víctor Paz Estensoro que, en lo global, buscaba re-fundar el Estado Nación. En el ámbito socioeconómico también se dieron transformaciones, dándole un espacio de acción al oriente[2] con la agricultura y con infraestructura para promover la inversión en la región. Se iniciaron los programas de colonización de indígenas de occidente[3] a Oriente que se la denominó la «Marcha al Oriente» (Mesa, 1999: 615-639).

En lo educativo, los sectores sociales lograron la multiplicación de escuelas rurales y, en el campo organizativo y político, se abrió paso al voto universal y la imposición nacional de los “sindicatos campesinos” como medio democrático de presión y acción (1999).

En este contexto, los indígenas fueron tomados en cuenta tibiamente por el nuevo Estado bajo el denominativo de «campesinos», pero no se les reconoció legalmente su situación de pueblos indígenas, ni mucho menos sus identidades culturales.

Este reconocimiento fue pensado ignorando a los ayllus[4] y a las comunidades, es decir que el enfoque general de estos cambios, se limitaba al aspecto de propiedad productiva — «la tierra para el que la trabaja»— y en ese esquema no entraba una relación determinante para los indígenas: el territorio y la organización social (1999).

En este escenario, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), fundada en 1979 sobre la base del movimiento katarista,[5] y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), creada en 1982, en la década de los ochenta, reivindicaron la necesidad de una educación que reconociese la conveniencia de recurrir a las lenguas y culturas indígenas y, lo que es más, el derecho de las poblaciones indígenas a una educación en lengua propia y desde su propia cultura (1999).

Estos nuevos actores sociales inician sus movilizaciones en 1990 con la «Marcha por el Territorio y la Dignidad», uno de cuyos efectos prácticos fue el establecimiento y demarcación de la tierra. Esta movilización social logró que el gobierno ratifique el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, mediante la Ley 1257 del 11 de julio de 1991. Esta marcha logró, a través de los pueblos indígenas del Amazonas, conmover a toda la nación e interpelar al gobierno para que se respeten sus derechos y se los reconozca en los procesos nacionales con las nuevas reformas jurídicas e institucionales (GTB, 2002).

Es importante hacer notar que estos cambios fueron parte de acciones de movilizaciones sociales en el ámbito mundial, que a través de la concienciación e información promovieron la toma de conciencia de los estados y establecieron acuerdos internacionales en temas como medio ambiente, poblaciones indígenas y tierra: la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro en junio de 1992, donde se llegó a dar, en la Agenda 21, el reconocimiento y fortalecimiento del Papel de las Poblaciones Indígenas y sus comunidades. La concreción durante la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid de 1992 del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe con el propósito de establecer un Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como mecanismo para apoyar los procesos de auto desarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas (2002).

Luego de estos cambios en el plano internacional a partir de 1994, en Bolivia se promulgan la Ley de Descentralización administrativa, la Ley de Participación Popular, la Ley de Municipalidades, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Capitalización y la Reforma educativa; como parte del proceso de democratización y transparencia del Estado mediante la creación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Consejo de la Judicatura (2002).

Es con este nuevo marco jurídico constitucional, que se dieron un conjunto de cambios, y las reformas legales se expresaron en los siguientes ordenamientos: el reconocimiento y titulación de las tierras comunitarias de origen en favor de los pueblos indígenas (artículo 171 constitucional y Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria); el derecho al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables existentes en las tierras de los pueblos indígenas (Ley Forestal y Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria), y la incorporación de los derechos indígenas en la Ley de Hidrocarburos y el Código Minero así el derecho a la educación intercultural y bilingüe (Ley de Reforma Educativa);

Finalmente, el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas o derecho consuetudinario (Art. 171 constitucional, Art.3 de la Ley 1715 y Art.16 de la Ley 1674 (GTB, 2002)

Todos estos cambios estructurales nos llevan a un nuevo escenario político, donde el Estado nacional pierde poder y no pudo responder a las demandas sociales, la desestabilización estatal se demostró a través del trabajo que realizaron los líderes sociales con los mecanismos de control social, estos mecanismos sirvieron de lentes para la sociedad de manera que se hicieron conocer los procesos ilegales que se habían seguido durante el proceso de capitalización.

Por tanto, para dar algunos ejemplos de los momentos de mayor nivel de conflictividad en Bolivia es importante hacer conocer las distintas movilizaciones que se dieron entre 2000 y 2006.

Guerra del agua

En el año 2000 el conflicto social sufre una importante transformación con la guerra del agua en Cochabamba y los grandes bloqueos campesinos en Chapare y el altiplano central. La denominada «Guerra del Agua» puso -después de muchos años- en la vitrina de los ojos de la sociedad la fuerza de los movimientos sociales. Mientras en Europa, Estados Unidos, y otros países industrializados aparecía el movimiento anti-globalización como una expresión inicial contra las políticas neoliberales, los campesinos bolivianos protagonizaban la movilización más enérgica contra estas políticas (Chamorro, 2007).

En 1999 el gobierno boliviano resuelve conceder a una empresa transnacional, la Bechtel, Aguas del Tunari en su nombre local, la facultad de gestionar y distribuir toda el agua de la ciudad de Cochabamba y alrededores.

La empresa no se hacia responsable por la construcción de proyectos de agua importantes para la zona y se le permitía libremente el alza de tarifas. Se decía que incluso el agua de la lluvia sería manejada por esta empresa. El contrato fue casi clandestino con una cláusula de confidencialidad. Esto fue considerado por la población como un atropello (Chamorro, 2007).

A finales de 1999 hasta abril de 2000 es cuando se inicia un periodo de disputa y de aglutinación de demandas alrededor de dos hechos normativos: la Ley 2029 de Servicios de Agua Potable y alcantarillado, y el Contrato de Concesión del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) al Consorcio del Aguas del Tunari. El conflicto se desenvuelve en el ínterin de dos diálogos nacionales, ambos mecanismos creados por el Gobierno para lograr consensos sociales. La guerra del Agua se inserta y desarrolla en un proceso altamente conflictivo en todo el país: 45 conflictos diferentes con la participación de diversos sectores sociales en todo el territorio nacional generaron un contexto de movilización social que debilitó las capacidades de un gobierno con tensiones sociales internas (León, 2005: 37-38). Es en este sentido, se puede decir que la guerra del agua se la denominó la «madre de las batallas», por las dimensiones de la presión política que ejercieron los actores sociales, la capacidad de interpelación de situaciones de exclusión social y sobre todo, por la capacidad para generar objetos de disputa en el marco de criterios objetivos.

La discusión sobre la defensa del agua a pesar del momento de conflicto social que vivía Bolivia no buscaba la desestabilización democrática, más bien buscaba una discusión sobre el interés nacional, regional y particular de los ciudadanos.

Los actores sociales que conformaron el movimiento social durante esta batalla fueron por un lado, la población rural, representada por la FEDECOR (Federación Departamental de Regantes de Cochabamba) y otras organizaciones campesinas que demandaban la derogación de la ley y la anulación del contrato y por otro lado la población urbana representada por el CODAEF (instancia que reunía a colegios de profesionales, instituciones ambientalistas, FEJUVE- Pueblo ( Federación de Juntas Vecinales), y otras organizaciones barriales, que exigían la revisión del contrato y de la ley con observaciones concretas. El comité cívico y el gobierno nacional conformaron la parte de apoyo a la empresa.

En este sentido, indígenas y campesinos de Cochabamba convocaron a toda la ciudadanía a realizar intensas movilizaciones, luego de varios días de protestas, bloqueos, represión, y muertos se logró evitar la privatización del agua en la provincia.

«La discusión de la Ley del Agua Potable y Alcantarillado (2029), permitió el diálogo por primera vez, entre la población civil, a través de asambleas globales, de diferentes sectores de la población, donde se debatía ampliamente la problemática y donde se tomaban decisiones». «Este proceso se caracterizó por los niveles de información y sobre todo, por la elaboración de propuestas técnicas, desde la sociedad civil»[6] (León, 2005: 35).

Desde Febrero Negro hasta Octubre rojo de 2003

«Febrero Negro» fue una movilización en el 2003 como consecuencia de un anuncio del Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que proponía un impuesto entre el 4.2% y el 12.5% sobre los salarios de ciertos sectores sociales según su nivel de ingreso. La explosión social que inicialmente se expresó en una batalla entre los policías y militares, para luego intervenir la población civil, logró paralizar las ciudades de La Paz y El Alto,[7] por el movimiento contra el «impuestazo», dejando como saldo 33 muertos y 210 heridos. Sánchez de Lozada dio un paso atrás y desistió de la medida.

En «Octubre rojo» se produce la denominada «Guerra del Gas» debido a la intención del entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, de comercializar y vender gas a Chile, cuando este país no resuelve el pedido del país de devolverle la salida al mar que perdió en la Guerra del Pacífico de 1879.

Como el presidente no quiso desistir de esta medida, se produjo una revuelta popular en la ciudad de El Alto, liderada por la Federación de Juntas de Vecinos, (FEJUVE – El Alto), y la Central Obrera Regional (COR) Llegaron hasta la Paz y El Alto cocaleros, campesinos y mineros de todo el país junto a sus sindicatos y federaciones. En El Alto hubo bloqueos con piedras y zanjas en calles y arterias que conectan a países vecinos como Perú y Chile.

Las zonas amazónicas del oriente del país estuvieron incomunicadas por cerca de un mes con el occidente del país. No permitiéndose el abastecimiento de alimentos, combustible, etc.

El Ejército salió a las calles y realizó una masacre contra civiles dejando como saldo más de 60 muertos y 400 heridos. Esto agudizó el conflicto, en la zona de Senkata[8] se produjo el mayor enfrentamiento, donde destacó la presencia de un líder social llamado «Comandante Osama», quien combatió -junto a vecinos- al Ejército con bombas caseras, cócteles molotov, piedras y zanjas, pero no con armas de fuego.

También destacó la presencia del entonces presidente de FEJUVE de El Alto, Abel Mamani,[9] esta fue una especie de combate de guerrilla pero sin armas de fuego por parte de un sector de la población para defenderse de los militares.

Las acciones sociales que llevaron a la «Guerra del Gas» fueron los pilares para el nuevo punto de agenda nacional, la demanda de la nacionalización de los hidrocarburos, como medida para salir de la pobreza del pueblo boliviano. Aquí, los mineros tuvieron una participación importante, pues en 1985 muchos de ellos se desplazaron a vivir en El Alto, en los distritos 3 y 8. En estos distritos (zonas Senkata, Santiago II y Nuevos Horizontes) fue donde se realizó la resistencia más fuerte a la represión de los militares. Sánchez de Lozada, por presión del pueblo y de un sector de los medios de comunicación que pedían su renuncia en sus editoriales, huyó del país a Estados Unidos, donde actualmente está prófugo.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los niveles de ingobernabilidad que se tuvo en Bolivia durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, los cuales lo hicieron renunciar y escapar a EE.UU., dejando a Carlos de Mesa Guisbert como sucesor para atender las demandas sociales, políticas y económicas del país que se encontraba en una convulsión total. En este sentido, el nuevo presidente se compromete con los sectores sociales con una agenda que se la denominó la agenda de Octubre donde respondía a los temas estructurales de Asamblea Constituyente, Referéndum por las autonomías y juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada.

Conflictos por el agua, tierra, autonomía y asamblea constituyente

Carlos de Mesa Guisbert gobernó durante 18 meses tratando de contener el descontento popular. Este gobierno tuvo dos variables importantes la primera un apoyo implícito de tregua de Evo Morales (dirigente del Movimiento al Socialismo, MAS) y Felipe Quispe (máximo dirigente indígena llamado que tuvo un espacio político durante el Gobierno de Evo Morales «El Mallku» o «El Príncipe» traducido del aymará al castellano) para que no hayan movilizaciones sociales.

La segunda variable fue que su gabinete político era heterogéneo, actores independientes especializados en sus carteras de Estado que buscaban la negociación con las partes especialmente en el tema de tierras y en la demanda de autonomía y asamblea constituyente.

A pesar de estas dos variables, otra vez, la privatización del agua fue un conflicto que movilizó a las organizaciones de base de El Alto este fue el motivo para desatar un movimiento contra Mesa. Lo que se reclamaba era que se vaya del país la empresa Aguas del Illimani (de la Suez de Francia), que brindaba sus servicios en La Paz y El Alto, para que este recurso natural sea nacionalizado. Después de mucha presión, la empresa anunció su salida del país 2003, pero lo hizo recién el año 2007).

Por otro lado, el conflicto del Gas volvió a renacer, nueve plantas de las multinacionales del gas fueron ocupadas por campesinos e indígenas, y el resto militarizadas para defenderlas del pueblo, quien pedía la nacionalización de los hidrocarburos, principal recurso energético de Bolivia (hoy nacionalizado por el Gobierno de Evo Morales).

Otro tema que alcanzó un alto nivel de conflictividad fue protagonizado por el Movimiento Sin Tierra, que, a través de su demanda por tierra especialmente en el oriente y en el norte amazónico, provocó una desestabilización social y política que generó que la demanda por las autonomías de parte del oriente se incremente, porque se estaba promoviendo la redistribución de tierra. Sin embargo, desde occidente y desde los sectores campesinos e indígenas se inicio la demanda de una Asamblea Constituyente.

En este sentido, siguiendo al artículo de Jean Friedsky sobre la Guerra por la Tierra:

Bolivia puede haber obtenido reconocimiento internacional por los levantamientos por el agua y el gas, pero esta Guerra por la tierra es un sangriento telón de fondo diario para las movilizaciones que atrapan la atención mundial. Es una batalla por la sobrevivencia y la soberanía que se desarrolla en cada rincón del país; un conflicto de poder que está, en esencia, enraizado en la historia colonial de la élite blanca y la mayoría indígena (Friedsky, 2005)


Friedsky afirma en su artículo una realidad que no fue y no quiere ser tomada en cuenta por los partidos políticos. Pero en sí representa la base de las disputas sociales en Bolivia, entre occidente y oriente. Este proceso de distribución y redistribución de la tierra es histórico y es a partir de los noventa, con la creación del Movimiento Sin Tierra (MST), que se inician los conflictos inicialmente a nivel local, pero entre el 2003 y 2004 se dieron los mayores niveles de conflictividad y acciones violentas por este tema. (Friedsky, 2005)

En el cuadro se puede apreciar la cantidad de conflictos por tierra que hicieron, al Gobierno de Mesa, perder el control del Estado, y a partir de esto se promueve un referéndum y se inicia el proceso hacia la Asamblea Constituyente.

Los temas del agua en El Alto, el gas en el oriente y la tierra en todo el país fueron los motivos por los cuales el Presidente Mesa renuncia a su cargo, para que, después de diferentes situaciones de conflictos, se logre tener al presidente de la Corte Suprema de Justicia como nuevo presidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, mientras se llama a elecciones nacionales.

Situación actual durante el Gobierno de Evo Morales

Evo Morales, actual presidente que obtuvo cerca del 54 por ciento de los votos en la elección de diciembre de 2005, marca la segunda vez que un candidato presidencial gana las elecciones con más del 50 por ciento. Asumió la presidencia en enero de 2006, pasando a ser el primer dirigente indígena y cocalero en asumir la jefatura de Estado.

Evo Morales, al ser un líder indígena y representante de los movimientos sociales busca en su gobierno satisfacer las demandas por las cuales movilizó a sus organizaciones durante la última década. La agenda que propuso durante sus acciones políticas mientras construía su liderazgo social debe ser su línea de acción durante su gobierno, sin embargo a pesar de que ha realizado varias medidas todavía no alcanza satisfacer todas las expectativas de los sectores sociales.

En su primer año de Gobierno Evo Morales ha realizado las siguientes medidas que estuvieron entre sus promesas de candidato:

1.- Fueron elegidos por vez primera en 24 años prefectos o gobernadores departamentales.

2.- Se realizó el «Referéndum Autonómico» (autonomía departamental descentralizada del Ejecutivo) donde ganó el «SÍ» en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, llamado el sector de la «Media Luna» de oposición al Gobierno de Evo Morales.

3.- Realización de la Asamblea Constituyente.

4.- Nacionalización de los hidrocarburos

5.- Nueva ley de tierras

6.- Lucha contra el analfabetismo

7.- Establecimiento del Plan Nacional de Desarrollo

Los cambios que ha implementado representan parte de la agenda de los movimientos sociales de estas ultimas décadas, pero unos de los hechos más importantes de este periodo de gobierno es que Morales lidera un nuevo tipo de democracia en América latina, donde se busca la inclusión de los pueblos indígenas en las decisiones políticas del Estado.

Sin embargo, a pesar de los intentos del gobierno de responder a lo político y lo social, asignando a las organizaciones, a los movimientos y a la ciudadanía mayor capacidad de decidir e intervenir en lo público, el MAS aún no ha logrado divorciarse del todo de una práctica y un discurso enmarcados en lo estatal, que implica, desde una visión partidista, negociar cuotas de poder, llevar a cabo alianzas sectoriales y asumir pactos corporativos (Uriona y Mokrani, 2007).

Por esto, el conflicto en Bolivia difiere en su acción política y reconocimiento desde la sociedad civil porque a pesar que el actual gobierno ha actuado en temas estructurales como son la nacionalización de los recursos naturales, el proceso de alfabetización, la carnetización a nivel rural, la propuesta de una ley de educación descolonizadora y revolucionaria, la propuesta de una nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y comunitario; la base de las movilizaciones sociales se enfrentan contra una lucha social, esta lucha de poder entre los sectores es por la tierra y por no compartir el poder que históricamente las elites sociales tuvieron.

El poder estuvo siempre en manos de la clase media, blanca y con poder económico, no por ser mejores o peores, sino por contar con las condiciones para haberlas alcanzado. Estas condiciones son desde la influencia en la toma de decisiones hasta el acceso a votar, educación privilegiada y a tener créditos para sus inversiones privadas. Es por esta razón, que se define desde lo antes dicho en un conflicto meramente de mantener el poder.

Conclusiones

Los movimientos sociales que generaron en Bolivia la agenda política durante las últimas décadas han demostrado, a través de sus acciones en los planos político y social que pueden alcanzar niveles de cambio importantes, tomando en cuenta que se han hecho escuchar y como dice John Crabtree.[10] «El reto más importante es dar a la gente una voz real, que va más allá de los circuitos políticos existentes» (Quintana, 2005: 50).

Es de esta manera, que las acciones, por más que en muchos casos con Febrero Negro y Octubre rojo hayan significado una desobediencia civil que acarreó muertos y heridos, alcanzaron a generar un espacio de poder a los sectores sociales y promovieron la democracia participativa y representativa. Entonces es el momento de replantearse el accionar de los movimientos sociales enfocados al cambio.

La nueva Constitución representa este cambio, pues se muestra que, a través de la vía legal y legítima, se lo puede alcanzar. Establecer procesos de reconocimiento y de aceptación del otro es importante para el nuevo gobierno. La ilegalidad ha generado cambios violentos, por tanto es imprescindible que se trabaje en el marco del diálogo y la negociación en las comisiones de la Asamblea Constituyente que es el espacio de deliberación de los movimientos sociales.

Fuente: Ministerio de Gobierno – Sistema de Prevención de Conflictos Sociales (SIPRECOS)


Elaboración: Ministerio de Desarrollo Sostenible - Unidad de Análisis y Manejo de Conflictos

Bibliografía


Carlsen, Laura (2007): «Bolivia- Coming to terms with diversity» en Americas Policy Program Special Report, An Interview with Álvaro García Linera, http://www.counterpunch.org/carlsen11232007.html, marzo 2008.

Chamorro, Juan Carlos (2007): «Movimientos sociales en Bolivia», en Fjerne Naboer/distant nabours, Copenhagen, Spor Media', http://www.fjernenaboer.dk/pdf/bolivia/Movimientes%20sociales.pdf, Marzo 2008

Friedsky ,Jean (2005): « Un conflicto por poder y territorio: La guerra por la tierra en Bolivia», en The Narco News Bulletin, http://www.aporrea.org/desalambrar/a17578.html, visitado en marzo 2008

Gas Trans Boliviano - GTB (2003): Marco Legal del Convenio para la ejecución de los Planes Programa De Pueblos Indígenas y Programa de Medio Ambiente, Bolivia, GTB.

León, Rosa (2005): «La guerra del agua, “madre de las batallas”», Guzmán, Gustavo (ed) en Las piezas del Conflicto, La Paz, Plural y Fundación UNIR

Homet, Ana A, (2004): «Movimientos Sociales», en López, Mario (dir), Enciclopedia de paz y conflitos, tom 2, Granada, Eirene

Mesa, José y otros (1999): Historia de Bolivia, La Paz, Editorial Gisbert y CIA S.A.

Ministerio de Educación (2006): Proyecto de transformación de la educación

secundaria 2006-2009, La Paz, Bolivia.

Quintana, Juan Ramón (2005): « ¿Protesta o Rebelión? Ciudadanía y movimientos sociales de Bolivia», en Lazos, I, No 1, La Paz, Fundación UNIR.

Uriona, Pilar y Mokrani, Dunia (2007): «Dimensiones del conflicto social en Bolivia», en análisis de la coyuntura, Bolivia, OSAL/CLACSO



[1] Entrevista realizada por Laura Carlsen en la revista Americas Policy

[2] Zona que comprende los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni.

[3] Zona que comprende los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y parte de Cochabamba.

[4] Forma de organización de los indígenas en el altiplano boliviano.

[5] El movimiento katarista e indianista fue de los primeros en reintroducir de manera muy explícita la problemática del reconocimiento de los pueblos indígenas del país

[6] Entrevista realizada a Gabriel Herbas, Miembro del CODAEF en el 2003, por Rafael Archondo.

[7] Ciudad con un gran nivel de pobreza en Bolivia

[8] Barrio en la Zona del Alto en La Paz.

[9] Abel Mamani, tuvo un espacio político durante el Gobierno de Evo Morales

[10] Investigador y periodista asociado al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, Inglaterra.